AFORTUNADAMENTE, el recurso a la adopción para formar o ampliar una familia es asumido por la sociedad actual como una situación plenamente normalizada. Y digo afortunadamente tanto por lo que esa aceptación tiene de positivo en la vivencia por parte de padres adoptantes e hijos adoptivos, como por las evidentes repercusiones sociales que tiene la creciente extensión de esta forma de «hacer familia».

La Administración española exige por parte de los aspirantes a adoptar la obtención de un certificado de capacitación que tramitan las diferentes comunidades autónomas, mediante sus correspondientes consejerías de Bienestar Social, y que se remite posteriormente al país que los futuros padres han elegido para adoptar. Sin esta resolución administrativa, denominada CI (Certificado de Idoneidad), resulta imposible iniciar un proceso de adopción en España.

Su obtención se consigue tras superar con éxito una serie de entrevistas con asistentes sociales y psicólogos de la consejería, quienes deben valorar tanto la motivación como las características psicosociales de los solicitantes, determinando el grado de estabilidad y madurez emocional de los futuros padres, que conformará, a la postre, el marco en el que se desarrolle la educación del menor.

En este sentido, no comparto en absoluto la postura mantenida por algunos, que viene a cuestionar la oportunidad de este trámite; esto es, la necesidad de valorar la aptitud o idoneidad de los aspirantes a padres adoptantes. Su argumento fundamental se resume en que para tener hijos biológicos no hay que pedirle permiso a nadie y que, ante el hecho consumado de que a esos niños nadie les quiere, sólo faltaba ponerles problemas a aquellas personas tan generosas que se disponen a quererlos como si fueran suyos.

Esta simplificación de la realidad omite que en el caso de la adopción hablamos de menores que ya han nacido, de sujetos de derechos que están bajo la tutela de la Administración pública, a la que, en consecuencia, debemos exigirle que garantice aquéllos. Y, desde luego, no es sostenible la argumentación de que «mejor con cualquier familia que bajo la tutela del Estado»; pues la prueba más evidente está en que, en un porcentaje muy elevado de los casos, los menores susceptibles de ser adoptados se encuentran tutelados por la Administración pública por haber sido imperativo para la protección y garantía de sus derechos al retirarles la custodia a sus familias biológicas.

Si nos circunscribimos al caso de Asturias, podemos congratularnos de que los equipos de funcionarios especializados que participan en la elaboración de los CI se manejen con manifiesta profesionalidad y ponderación, especialmente frente a la desconfianza de algunos padres, que viven esta fase del proceso muy negativamente ante la posibilidad de experimentar un fracaso (en ocasiones, tras varios años intentando sin éxito tener hijos biológicos e, incluso, después de haber soportado tratamientos de fertilidad extenuantes psicológica y físicamente).

Este rigor no implica, ni menos aún justifica, la evidente paralización que esta tramitación experimenta en Asturias. La obtención del CI supone una espera de dos o tres meses en las comunidades de Madrid, Castilla y León y País Vasco. En seis meses se obtiene en el grueso de las autonomías españolas; desde Cataluña a Murcia, pasando por Baleares o por Castilla-La Mancha y sólo algunas provincias andaluzas se aproximan al nivel de estancamiento que padecemos en el Principado, en donde el CI se alcanza tras dieciocho interminables e injustificables meses.

¿Cómo se ha podido llegar a esto? La respuesta, desde luego, corresponde a los responsables políticos, aunque es obvio constatar la ausencia de la debida sensibilidad social que dotara al Instituto de los recursos económicos necesarios para gestionar los CI en unos plazos razonables. Pues, si como se convino anteriormente, excluimos como causa del estancamiento la falta de profesionalidad por parte de los equipos, no nos queda otra que atribuirlo a la deficiente organización y/o insuficiencia de los recursos o sistemas de gestión destinados a este cometido. Dieciocho largos meses, con sus días y sus noches, en los que estamos privando a los niños de un hogar y del amor de unos padres...

En la búsqueda urgente de soluciones, parece prioritario tanto la contratación de nuevos equipos, como recurrir a la externalización del servicio, o lo que es lo mismo, permitir al ciudadano que elija entre la posibilidad de aguardar su turno o realizar de forma inmediata las entrevistas con un gabinete privado de psicólogos supervisado por los funcionarios públicos. Esta fórmula, extendida ya por prácticamente toda la geografía española, implica unos gastos aproximados de unos 600 euros, que en ningún caso son determinantes a la hora de influir en los 20.000 sobre los que suele oscilar una adopción internacional. También es cierto que puede subvencionarla la propia comunidad autónoma, como sucede en Guipúzcoa o como plantea el PP asturiano en su programa electoral. Lo que parece evidente para todos, salvo para ciertos sectores sindicales que han terciado en este asunto, es que incluso aquellos asturianos con menos recursos económicos se verían beneficiados con esta medida, ya que la lista de espera del CI se movería para todos, cuando hoy no lo está haciendo para nadie.

En cualquier caso, afortunadamente parece que la externalización será una realidad en el primer trimestre de 2008, merced, tanto al meritorio trabajo de Asturadop, como a la buena voluntad de la nueva directora del Instituto Asturiano de la Infancia y Familia, quien, superada la anterior legislatura en la que su consejería estuvo en manos de IU, parece abierta a buscar soluciones reales más allá de clichés socio-económicos.

Esperamos con ansiedad la batería de inminentes medidas que acompañarán a la externalización, y confiamos en que, debidamente articuladas, se traduzcan en una reducción drástica de los tiempos de espera.

Confiamos, ya digo, en el futuro, pese a que el presente no invite al optimismo, pues de lo que estamos absolutamente convencidos es de que, ante la previsión constitucional de que los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia, no podemos aceptar que familias y menores añadan al tiempo que inevitablemente deben esperar para encontrarse y hacer realidad su natural deseo de vivir en familia, demoras de hasta año y medio sin justificación. Porque, como ciudadanos españoles, no podemos concebir que el territorio en el que residimos pueda ser aspecto determinante en un asunto de la naturaleza del que nos ocupa.