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Cataluña es la única comunidad que cobra por documentos de
adopción internacional
Conseguir
la gratuidad del certificado y eliminar las diferencias entre adopciones
nacionales e internacionales son las prioridades de las asociaciones de padres
adoptivas que se han creado en los últimos años en Cataluña. Estos padres
consideran que los trámites de adopción deben ser considerados una actividad de
interés público y social, por lo que la Generalitat debería hacer como el resto
de gobiernos autónomos y financiar este procedimiento.
La
directora del Instituto Catalán de Adopción y Acogida, Victòria Perearnau, no
lo cree necesario y lo argumenta de la siguiente forma: 'Consideramos que la
adopción es una medida de protección de la infancia y como tal debe ser
financiada con recursos públicos. Estos recursos, sin embargo, no pueden
utilizarse en financiar la protección de los niños de otros países'.
'Consideramos que la adopción internacional tiene que ser sufragada por los
interesados en llevarla a cabo', concluye.
A pesar
de esta política de la Generalitat, las adopciones internacionales en Cataluña
llevan el camino de batir todos los récords este año. Entre enero y agosto, 771
niños de 22 países fueron adoptados por familias catalanas. Esta cifra ya
duplica la registrada en todo el año 1999, cuando fueron adoptados 376 niños
extranjeros.
China,
Rusia y Colombia son los países preferidos por los catalanes para realizar sus
adopciones, aunque el panorama puede cambiar radicalmente en los próximos
meses. China ha anunciado recientemente su voluntad de cerrar las solicitudes
mientras las familias que han adoptado niños en este país no les envíen los
documentos de seguimiento. Las autoridades chinas, sin embargo, han garantizado
que esta medida no afectará a las solicitudes en curso.
Adopciones
nacionalesPero si las adopciones internacionales han experimentado un
crecimiento espectacular en los últimos años, no puede decirse lo mismo en las
referentes al ámbito nacional. En 1997 había 1.200 familias catalanas a la
espera de adoptar un niño nacido dentro de España. Tres años después, la lista
tiene 460 inscritos. Las grandes dificultades que tienen las familias para
adoptar en Cataluña las ha empujado a salir al extranjero. Para atender los
miles de demandas que surgen todos los años en Cataluña, la Generalitat se vio
obligada a firmar convenios con las denominadas instituciones colaboradoras de
la integración familiar (ICIF).
Estas
entidades son las encargadas de realizar las entrevistas de evaluación de las
personas que quieren adoptar.
Después
de entrevistar a los futuros padres, las ocho ICIF que trabajan en Cataluña
emiten una recomendación sobre la idoneidad de los candidatos, aunque la
decisión final la dictan los técnicos del departamento del Instituto Catalán de
la Adopción. Este sistema es similar al que ya emplean otras comunidades
autónomas. La diferencia es que en Cataluña estas entidades facturan el coste
de sus servicios a los candidatos a efectuar adopciones, mientras que en el
resto de España, las comunidades autónomas se prestan a sufragar el gasto.
La
Federación de Asociaciones para la Adopción de Cataluña considera que el modelo
utilizado por la Generalitat vulnera el espíritu de justicia social que según
ellos tiene el proceso la adopción. 'Las instituciones colaboradoras son parte
de este proceso y, por tanto, el coste de su trabajo debería ser asumido por la
Administración y no por las familias adoptivas'. 'No estamos pidiendo ningún
trato de privilegio, sólo que se equipare la adopción internacional con la
nacional', señalan las asociaciones para la adopción en Cataluña.
El
actual sistema de evaluación de candidatos se utiliza en Cataluña desde 1997.
Anteriormente eran los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores
sociales los que hacían las entrevistas de idoneidad, organismos que siguen
realizando estas tareas en diferentes comunidades autónomas. El cambio de
sistema llegó después de que la Generalitat intentara aplicar una nueva ley de
adopciones que obligaba a presentar un certificado de esterilidad a quienes
querían adoptar. Esta exigencia causó una gran polémica que obligó al Gobierno
de CiU a cambiar la evaluación de los candidatos a adoptar. Las asociaciones de
adoptantes creen que el proceso ha mejorado, pero siguen pidiendo la gratuidad
del proceso.
Los
plazos de entrega del certificado de idoneidad es otra carencia del sistema
catalán. Aunque Cataluña no es la comunidad española que más tiempo tarda en
expedirlo, los catalanes que solicitan el certificado tardan una media de ocho
meses en conseguirlo. Este es el plazo máximo fijado por ley en el Parlament en
el año 1997. Pese a que está dentro del periodo marcado, la FADA cree que los
ocho meses de espera son excesivos e incluso podrían ser ilegales. 'La Ley de
Procedimiento Administrativo fija un límite de seis meses como máximo para
obtener una respuesta de la Administración', recuerda un informe de la FADA.
Otro
documento, de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el
Acogimiento de España, indica que el tiempo de espera para obtener un
certificado de adopción es de menos de tres meses en las comunidades de
Castilla y León y Cantabria. Por ello, estas entidades piden la agilización de
la burocracia en Cataluña y en otras autonomías como Madrid y Andalucía. Esta
última comunidad se comprometió la semana pasada a reducir el tiempo de espera
a seis meses.
http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20011111elpcat_13&type=Tes&anchor=elpcat&d_date=20011111