Las restricciones impuestas por China y Rusia están frenando el fenómeno

Josep Playà Maset

Nadie duda de que si el avión de la compañía catalana Girjet hubiese despegado del aeropuerto de Abeché, los 103 niños de Chad habrían vivido bastantes más años, hubieran gozado de más salud y habrían tenido un mayor bienestar junto a las familias francesas que iban a adoptarlos. Esa cruel reflexión se contrapone sin embargo a otra mirada: la de las familias biológicas de esos niños que, a las dificultades derivadas de la guerra y la pobreza, podían ver añadida la pérdida de sus hijos. Y, como telón de fondo, ese proceso masivo de adopciones se había iniciado en un país que las tiene prohibidas.

La contundente respuesta del Gobierno de Chad - más allá de la demagogia de sus gobernantes- ha reabierto el debate sobre los límites y las dudas que se ciernen sobre las adopciones internacionales. Ni el convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, ni la Guía de Buenas Prácticas, implementada en septiembre del 2005, han acabado con los recelos. En los dos últimos años los países que más niños dan en adopción han decidido aumentar los controles y endurecer la normativa. China y Rusia, que encabezan el ranking, han establecido nuevas reglas de juego. Y España, que es el segundo país del mundo con más adopciones, se ha visto afectada de tal modo que en el 2006 se adoptaron un millar de niños menos que el año anterior. Lo mismo en Catalunya, donde tras alcanzar en el 2004 una cifra récord de 1.562 adopciones internacionales - por encima de países de larga tradición como Holanda o Suecia-, ha bajado a 1.030 en el 2006. A mitad del 2007 sólo habían 495.

Otros estados han introducido también nuevas barreras. Así, Filipinas ha suspendido las adopciones de solteros; Corea del Sur ha paralizado las adopciones internacionales para dar prioridad a las nacionales; Nepal las suspendió temporalmente tras el último cambio de Gobierno; Rumanía las prohibió poco antes de entrar en la UE. En los países de la Europa del Este, con una opinión pública muy crítica ante este fenomeno, se van introduciendo cada vez más controles. En Hungría, por ejemplo, una madre tieene el derecho de revocar su consentimiento en las siguientes seis semanas de emitirlo.

Y la reacción llega ahora de África. Tras Chad, ha sido el Gobierno de la República de Congo el que ha cancelado las adopciones, en una decisión que afecta primordialmente a Catalunya, ya que había seis familias con procesos iniciados a los que ahora se les complica su futuro. Sudáfrica se adelantó con una ley que prohíbe a toda persona renunciar a un niño a fines de adopción. Y sin olvidar que el Corán defiende un sistema de tutela distinto a la adopción.

Pero también los países ricos extreman las medidas para no ser acusados de comprar niños al Tercer Mundo. Las denuncias de casos de dudosa legalidad en Guatemala o Haití han provocado reacciones de distintos gobiernos. Cuando se produjo el desastre del tsunami, el Parlamento europeo aprobó una resolución para alertar de las adopciones clandestinas en los países afectados por el desastre. Todo indica que ese aumento de los controles crecerá, lo que pueda suponer una reducción del número de adopciones.